Bajo Escrutinio: Gobierno, migrantes y el debido proceso
Desde antes de llegar al poder y después de ocupar el cargo, el presidente norteamericano se comprometió en aplicar una agresiva campaña para detener la inmigración indocumentada que ha ingresado a los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump desde el mismo día que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero las deportaciones de inmigrante con antecedente penales han sido apresadas y en cuestión de horas sacados del país.
Aunque el gobierno anunció que su prioridad sería las personas acusadas de hecho criminales, la realidad es que decenas inmigrantes que esperan por un ajuste de estatus están siendo apresados en las cortes y fuera ellas por agentes del servicio de inmigración.
Esa situación está provocando que inmigrantes que deben presentarse en las cortes judiciales a defender sus casos, no lo estén haciendo, lo que provoca un atraso y acumulación de casos en las cortes inmigración.
Según estadísticas de los medios informativos en los últimos cien días de la nueva administración de gobierno se han deportados del suelo norteamericano más de 65 mil inmigrantes a diversas naciones de Latinoamérica y el caribe.
En promedio cada deportación le cuesta al Estado norteamericano, unos 17 mil dólares en gastos de detención y procesamiento relacionada a la expulsión.
Aunque el gobierno se comprometió en apresar y expulsar criminales, esa no es la situación, debido a que cientos de inmigrantes sin problemas judiciales están siendo apresados y sacados del país.
Es más, muchos de ellos están casados con ciudadanos norteamericanos con los que han procreado una familia y solo está a la espera de un ajuste de estatus.
Lo grave, delicado y alarmante de la presente situación, es que el gobierno continuo con las deportaciones sin cumplir con el llamado “debido proceso”, que establece que los inmigrantes detenidos deben ser escuchados por los jueces.
Aunque el gobierno se resiste a cumplir con la norma del debido proceso, los jueces federales han establecido un plazo de 21 días para que los inmigrantes defiendan sus casos y no el de 72 horas que había establecido el gobierno. El nuevo plazo es justo y razonable.
El debido proceso, en Estados Unidos, está garantizado por la Quinta y Décima Cuarta (14) Enmienda de la Constitución, las cuales aseguran que todos, incluyendo a los inmigrantes, una serie de derechos fundamentales en los procedimientos que afecten sus vidas, libertades o propiedades. Esto incluye la oportunidad de defenderse, ser escuchados y tener un juicio imparcial como lo ha reafirmado el Poder Judicial y no como la querido imponer el gobierno que dirige Donald Trump.
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