Proyecto para interpelar a Faride irá a comisión por un mes
La Cámara de Diputados incluyó en su agenda de sesiones de este martes el proyecto de resolución que pide la interpelación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y del director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, por los “constantes abusos” en la aplicación de la ley.
El proyecto, firmado por los diputados de la oposición, fue enviado al estudio de la comisión permanente de Interior y Policía, que tiene un plazo reglamentario de un mes para rendir un informe recomendando la aprobación o el rechazo de la pieza en una sesión de la Cámara de Diputados.
Antes del trámite, los voceros de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Castillo y Gustavo Sánchez, respectivamente, pidieron que el proyecto sea estudiado con un límite de plazo de una semana, pero su pedimento fue rechazado.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su respaldo a que los funcionarios acudan al Congreso para responder por sus actuaciones y gestiones, pero recomendó que el proyecto que busca la interpelación de Faride sea llevado “con detenimiento”.
En ese sentido, sugirió a sus colegas que voten para que la pieza tenga el trámite habitual de estudios de un mes y se comprometió a agilizar el proyecto cuando cumpla su plazo reglamentario.
La interpelación
El propósito del proyecto de los opositores es que Faride y el director de la Policía respondan ante el hemiciclo a una serie de actuaciones de sus respectivas instituciones que, según denuncian los legisladores, vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
En la propuesta se alega que en los últimos meses se ha evidenciado un patrón de operativos policiales marcados por incautaciones de bienes sin orden judicial, entradas a propiedades privadas sin autorización y cierre de negocios por supuestas violaciones horarias sin base legal, lo cual consideran una extralimitación de funciones.
El documento legislativo que sustenta la propuesta de interpelación fue firmado por 32 diputados y establece que estas acciones afectan libertades fundamentales como el derecho a la propiedad, la libre empresa, el debido proceso, la libertad de circulación y la presunción de inocencia.
