Bajo Escrutinio: El gobierno ante la ley
Como ninguna otra administración gubernamental, el gobierno que preside Donaldo Trump ha persistido en utilizar sin límites todos los recursos legales contra la inmigración ilegal que se encuentra en los Estados Unidos.
En los continuos operativos realizados a nivel nacional, las autoridades no solo han apresado a inmigrantes considerados indocumentados, a los protegidos por las leyes y hasta residentes legales incluidos ciudadanos norteamericanos.
También otro grupo en lo que se ha enfocado el gobierno en apresar y expulsarlo del país, son los llamados miembros de la organización criminal, El Tren de Aragua, surgida en Venezuela.
Aunque el gobierno está en el derecho de expulsar del territorio a los inmigrantes que no puedan demostrar su legalidad, la realidad es que las deportaciones se están realizando bajo el criterio de la criminalización de la inmigración.
Esto implica que los inmigrantes están siendo tratados como criminales cuando en realidad no lo son, sino personas que han llegado al suelo norteamericano en busca de una segunda oportunidad en donde desarrollar sus vidas.
Pero aun los inmigrantes con antecedentes criminales como los miembros del Tren de Aragua que han sido apresados y enviados en cuestión de horas a la prisión del CECOT (Centro contra el Terrorismo) en El Salvador debido a un acuerdo que mantiene el gobierno de Trump con el de la nación centroamericana, la cual recibe en promedio unos 20 mil dólares por cada inmigrante detenido.
La realidad es que los inmigrantes con antecedentes criminales o no han sido enviados al Cecot sin haber sido favorecidos con el debido proceso de ser escuchados por ante los tribunales de justicia debido a la aplicación del gobierno de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En su fallo más reciente, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos estableció que el gobierno de Donald Trump no puede realizar la deportación de ningún inmigrante sea venezolano o de otra nacionalidad al Cecot hasta que su caso sea conocido en un plazo de 21 días por el sistema judicial.
La decisión del máximo tribunal de justicia norteamericano rechazó el viernes 16 de mayo la apelación del gobierno del presidente Donald Trump para reanudar rápidamente las deportaciones de inmigrantes venezolanos al amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
Con dos votos en contra, los jueces atendieron una apelación de emergencia presentada por los abogados de hombres venezolanos que han sido acusados de ser miembros de pandillas, una designación que, según el gobierno, permite expulsarlos de manera rápida de los Estados Unidos al amparo de la antigua ley.
“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno, así como la necesidad de que tales intereses se persigan de manera congruente con la Constitución”, explicaron los jueces en su decisión judicial.
La Suprema Corte de Justicia con la medida legal le envió el mensaje al gobierno que más que actuar con criterios unilaterales, las leyes deben ser aplicadas bajo las garantías que establecen los procesos judiciales. Las leyes no deben ser impuestas, sino aplicadas a la luz de lo que establece el derecho.
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